En un desarrollo reciente en la investigación sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la esposa del presidente de Quirón Prevención, Alberto González Amador, ha rechazado las acusaciones de recibir una comisión encubierta. Esta declaración se llevó a cabo ante la jueza Inmaculada Iglesias, quien dirige el caso en cuestión.

La comparecencia, que se extendió por más de una hora, se centró en determinar la veracidad de una supuesta comisión de medio millón de euros asociada a la adquisición de una sociedad que, según documentos oficiales, no tenía actividad ni patrimonio alguno. Este detalle ha levantado interrogantes sobre la transparencia de las transacciones entre las partes involucradas.

Durante su testimonio, la esposa de González Amador ofreció detalles sobre la transacción de Círculo de Belleza S.A., defendiendo que la oferta presentada por su esposo era razonable para impulsar nuevos proyectos. Aclaró que no revisaba los contratos con detenimiento y que todo le parecía habitual, dejando entrever que los asuntos financieros de su cónyuge no eran parte de sus conversaciones diarias.

En antecedentes del caso, Alberto González Amador ya había presentado pruebas ante la magistrada, asegurando que los ingresos provenientes de Quirón eran legítimos y que la compra mencionada se ejecutó en base al valor de su red de distribución, la cual incluía farmacias, y no para evadir impuestos.

Este caso es parte de una investigación más amplia iniciada en octubre, que aborda posibles delitos de corrupción empresarial, distintos a los cargos de fraude fiscal que se investigan previamente. La jueza tomó esta decisión tras considerar parcialmente un recurso del PSOE y Más Madrid, que solicitaban más diligencias relacionadas con el proceso.

La investigación se ha aprofundado en cómo se utilizó una sociedad instrumental, Masterman S.L., para ocultar ingresos que debían ser declarados, lo cual plantea preguntas sobre la legalidad de esas operaciones. Este nuevo enfoque se centra en el papel de Maxwell, la empresa de González Amador, en la facilitación de contratos con Quirón Prevención y las implicaciones legales que esto conlleva.

La acusación popular sostiene que podría haber irregularidades serias en la manera en que se manejaron los contratos y las comisiones, lo que sugiere la posibilidad de administración desleal o corrupción en los negocios. Alegan que la transacción de casi 500.000 euros para las participaciones de Masterman S.L. podría estar vinculada a la adjudicación de contratos en beneficio de Maxwell, haciéndose eco de la magnitud económica que afecta a la transparencia en el ámbito político y administrativo.