En Madrid, el 31 de octubre, la coordinadora de las agrupaciones que representan a estudiantes y trabajadores de seis universidades públicas ha calificado de "insuficiente" la inversión que la Comunidad de Madrid ha propuesto en su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el año 2026. Este conjunto de grupos ha anunciado su intención de convocar una huelga hacia finales de noviembre si no se realizan cambios significativos en la financiación destinada a las instituciones educativas.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, han solicitado que el porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) de la región que se destina a la educación universitaria alcance al menos el 1%. Aseguran que "cualquier cifra que no se acerque a este objetivo es inaceptable", dejando claro su firme postura en defensa de la educación pública.

La propuesta del gobierno regional contempla un presupuesto de 1.239,7 millones de euros para la financiación de universidades públicas, lo que representa un incremento de 75,3 millones en comparación con el año anterior, lo que se traduce en un aumento del 6,5%. Sin embargo, este monto solo representa aproximadamente el 4% del presupuesto regional total para el próximo ejercicio.

Los representantes de las plataformas han criticado que este aumento apenas mueve la aguja, pasando del 0,44% al 0,46% del PIB regional. "No se puede calificar esto como un avance; más bien, es un presupuesto estancado frente a una alarmante falta de financiación que hemos denunciado insistentemente", señalaron, destacando la necesidad urgente de mejorar los recursos destinados a la educación.

Frente a esta situación de "asfixia" económica, tanto estudiantes como trabajadores han decidido seguir adelante con la convocatoria de una huelga que se prevé dure “al menos dos días” a finales de noviembre. También están considerando la posibilidad de una manifestación indefinida y otras formas de protesta.

Adicionalmente, han enfatizado que, si los presupuestos están programados para ser aprobados en diciembre, la intensidad de las movilizaciones debe aumentar antes de esa fecha crítica, centrando sus acciones en los últimos días de noviembre y durante el periodo de exámenes.

Sus demandas no se limitan solo al presupuesto; también buscan detener la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y esperan que la movilización sea lo más amplia posible, convocando no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad madrileña que esté comprometida con el sector público.

“Si deseamos resistir y revertir estos ataques en el medio plazo, es imperativo que aumentemos el costo político de atacar a nuestras universidades públicas. Sin un respiro, no habrá paz para aquellos que nos sofocan: esto es un esfuerzo colectivo que abarca clase a clase, departamento por departamento. Estamos decididos a organizar una huelga que sacuda a quienes menosprecia el derecho a una educación universitaria pública”, advirtió la coordinadora de las plataformas, dejando claro que la lucha por la educación es una causa común que va más allá de las instituciones.