En un nuevo capítulo del caso ITV, la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado una condena de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa Noelia Posse y ocho exediles por presunta prevaricación. Se les acusa de perdonar una deuda de más de 2 millones de euros a la empresa concesionaria, lo cual ha desencadenado un escándalo en el ámbito político local.

El fiscal ha presentado un escrito de acusación en el cual detalla el delito de prevaricación del que se les acusa, según lo establecido en el artículo 404 del Código Penal. Esta solicitud de condena llega después de que la jueza a cargo del caso dictaminara continuar las diligencias previas contra once investigados, incluyendo un funcionario y un empresario.

La jueza ha destacado el perjuicio evidente que este acuerdo ha tenido en las arcas públicas, ya que la Junta de Gobierno Local aprobó reducir drásticamente la deuda del concesionario, así como el canon anual y el aplazamiento de pagos hasta el año 2040. Todo esto se llevó a cabo bajo la premisa de una supuesta urgencia en la toma de decisiones.

Según la Fiscalía, los acusados aprobaron este acuerdo a pesar de las advertencias del Interventor, quien señaló la ilegalidad de la medida. Además, se destaca que se intentó dar una apariencia de legalidad al acuerdo con informes favorables poco fundamentados, omitiendo opiniones contrarias de otros funcionarios del Ayuntamiento.

El perjuicio económico ocasionado al municipio de Móstoles es evidente, ya que se condonaron 615.000 euros de deuda y se redujo el canon a pagar anualmente. La Fiscalía apunta a la administradora de la empresa beneficiada, Mónica Ramírez Moreno Manzanero, como parte clave en la solicitud ilegal del acuerdo.