El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, se ha comprometido a investigar una seria denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, conocida como 'No es terapia'. Esta alerta expone la existencia de cursos y talleres de conversión sexual dirigidos a personas LGTBI+ en un total de siete diócesis españolas.

En un encuentro reciente, Ana Redondo se reunió con Saúl Castro, presidente de la mencionada asociación, quien le proporcionó detalles cruciales sobre la denuncia formalizada ante el Ministerio a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, menciona específicamente las diócesis de Madrid, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Málaga. Ante este panorama, el Ministerio ha decidido examinar el contenido de la denuncia con el objetivo de evaluar las acciones que se pueden llevar a cabo dentro de sus competencias.

Desde el Ministerio, han recordado que la reciente ley que promueve la igualdad efectiva de las personas trans y garantiza los derechos de la comunidad LGTBI+ prohíbe, por primera vez, la implementación de métodos, programas y terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento. Esto incluye cualquier intento de modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas, incluso si existe el consentimiento de la persona afectada o de su representante legal.

Además, esta legislación introduce un régimen de sanciones que varía desde multas de 200 hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de los actos denunciados, y contempla la prohibición de acceder a ayudas públicas. Las infracciones consideradas leves, como el uso de expresiones denigrantes, pueden ser sancionadas con apercibimientos o multas que oscilan entre 200 y 2.000 euros.

Las infracciones más graves, por otro lado, involucran la falta de eliminación de contenidos ofensivos en plataformas digitales por parte de los proveedores de servicios de la sociedad de la información, siendo este tipo de comportamiento sujeto a sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros.

Por último, las infracciones que se consideren muy graves, que implican la promoción o realización de terapias de conversión, pueden resultar en multas que van de 10.001 a 150.000 euros.

Al término de su reunión con Castro, Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó la urgencia de abrir un debate social en torno a las terapias de conversión, que efectivamente deslegitiman la identidad y orientación sexual de las personas. Del Valle hizo hincapié en el impacto psicológico duradero que tales prácticas pueden tener, afectando la vida afectivo-sexual de quienes las sufren.

En respuesta a esta situación, la Archidiócesis de Madrid, aunque se opone a las terapias de conversión, ha aclarado que aún no ha recibido denuncias al respecto, manteniendo una postura que coincide con la del Vaticano. De manera similar, la Diócesis de Getafe también expresó su oposición a estas prácticas mediante un comunicado, señalando que la denuncia se refiere a “charlas de personas que relatan su conversión a la fe”.

El Arzobispado de Barcelona también ha tomado distancia de cualquier participación en estas iniciativas. En un comunicado emitido el 4 de enero, reafirmó su “oposición a estas terapias de conversión”, aclarando que tales acciones están “presuntamente vinculadas a dos empresas privadas que no tienen relación alguna con la archidiócesis”.