En un giro sorprendente en el ámbito político español, el juez de Instrucción número 38 en Madrid ha decidido abrir una investigación tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos. La acusación se centra en Ana de la Cueva, actual presidenta de Patrimonio Nacional, quien podría estar involucrada en irregularidades en la adjudicación de contratos destinados al mantenimiento del Valle de los Caídos.

Según un auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, se ha dado inicio a estas diligencias, aunque se ha desestimado la participación de la mencionada fundación en el procedimiento. Esta decisión se basa en el incumplimiento de los requisitos procesales establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con la acción popular.

La denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos sostiene que Ana de la Cueva podría haber cometido delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. En particular, se cuestionan dos contratos acordados para el mantenimiento de Cuelgamuros, que totalizan 600,000 euros y fueron otorgados a la única empresa que se postuló, denominada 'Limpiezas Manchegas Becquer'.

Los juristas de la fundación argumentan que esta empresa enfrenta varios problemas con la Administración Pública, incluyendo impagos y sanciones impuestas en Castilla-La Mancha, su región de origen. Además, destaca que ‘Limpiezas Manchegas Becquer’ está inmersa en litigios tanto sociales como civiles, e incluso ha recibido un expediente de ejecución forzosa.

Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha declarado que esta situación es un claro indicio de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca controlar el Valle de los Caídos por motivaciones económicas, además de las ideológicas que ya se han discutido en el pasado.