El Tribunal de Instancia en Arganda del Rey ha finalizado una investigación que involucra al alcalde de Morata de Tajuña, Fernando Villalain González, quien enfrenta la posibilidad de ser juzgado por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Esta investigación se centra en la controvertida contratación y el uso de una gradería desmontable por parte del municipio.

Según un auto judicial al que tuvo acceso Europa Press, se ha decidido dar continuidad a la causa penal mediante un procedimiento abreviado, dado que se han identificado elementos que podrían confirmar la existencia de un delito de prevaricación en la gestión de este asunto.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 5 de abril de 2024 un presupuesto que incluía dos modificaciones de crédito, superando los 480.000 euros, destinadas a la instalación de la mencionada gradería para eventos multiusos. Este acuerdo fue publicado oficialmente, lo que dio transparencia al proceso.

La contratación se llevó a cabo a través de una convocatoria pública, adjudicándose el proyecto a la única empresa que presentó oferta, Plazas de Toros Ocón S.L., por un valor de 390.710 euros, sin incluir el IVA. El contrato se formalizó el 3 de junio de 2024, estableciéndose un plazo de ejecución de tres meses.

Sin embargo, la gradería fue levantada y utilizada durante las festividades locales entre el 9 y el 15 de septiembre de 2024, a pesar de que carecía de un proyecto de ejecución formalmente aprobado. Para marzo de 2025, dicho proyecto aún no había sido recibido ni validado por las autoridades competentes.

El auto judicial también incluye las declaraciones de un arquitecto municipal, quien reportó haber emitido varios informes sobre los incumplimientos en la obra y haber sido excluido de la supervisión del mismo. Se documentaron informes negativos, incluyendo uno del 2 de octubre de 2024, que señalaba que la gradería no cumplía con los requisitos necesarios para su instalación.

Ante la evidencia recopilada, la magistrada ha determinado que hay suficientes indicios para considerar al alcalde como posible responsable de un delito de prevaricación administrativa, según lo estipulado en el artículo 404 del Código Penal.

A raíz de esta decisión, el juez ha remitido el caso al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, quienes tienen un plazo de diez días para presentar sus argumentos en favor de la apertura de un juicio oral o solicitar el archivo de la causa.