La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Ángel Frontera de varios delitos de injurias graves y de acoso respecto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero al situar los 'escraches' en los que participó durante siete meses en el domicilio familiar de Galapagar en el contexto temporal y político del Covid.

En una sentencia a la que Europa Press tuvo acceso, la jueza exoneró a Frontera de un delito continuado de injurias graves respecto a Irene Montero por prescripción, así como de los delitos de descubrimiento de secretos, coacciones, acoso e injurias graves con publicidad a la autoridad y contra las instituciones del Estado en relación a Pablo Iglesias.

El acusado enfrentaba una petición fiscal de tres años de prisión por acoso e injurias a la pareja, mientras que la acusación particular solicitaba un año y medio de cárcel para él.

En el juicio, Iglesias y Montero describieron la situación de "angustia" y "estrés" que vivieron a diario con insultos a diferentes horas del día, situación que cesó en diciembre de 2020 tras la intervención de un juzgado.

La jueza argumenta que las concentraciones en el domicilio de Iglesias comenzaron antes de que Frontera participara en ellas y continuaron después de que se le prohibiera asistir por una medida cautelar, manteniendo así el "ruido y las molestias que generaban esas concentraciones".

La magistrada afirma que no hay pruebas más allá de los testimonios de los querellantes que respalden la acusación de que Frontera fue el instigador de las protestas en la vivienda.

Ella considera que, dadas las circunstancias de la suspensión de derechos fundamentales por la pandemia, las alegaciones de que Frontera solo pretendía protestar contra la política del Gobierno en relación a la gestión de la pandemia no son "absurdas ni arbitrarias".

Según los agentes de la Guardia Civil que testificaron, no hay evidencia de que Frontera tuviera la intención de vigilar a los querellantes, ya que la vivienda estaba bajo vigilancia las 24 horas y había un perímetro de seguridad establecido.

El fiscal sostenía que el acoso de Frontera, iniciado en mayo de 2020, había alterado la vida diaria de la familia Iglesias-Montero, provocando ruidos constantes en horarios de descanso y limitando sus movimientos con los niños.

En conclusión, la fiscal afirmaba que Frontera había cruzado la línea del delito al grabar y publicar imágenes de la vivienda, excediendo así la libertad de expresión y cometiendo injurias continuadas.