MADRID, 12 de mayo.

La Abogacía del Estado se ha hecho cargo de la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en relación con el caso de Begoña Gómez, quien se enfrenta a acusaciones de malversación durante su tiempo en Moncloa, donde fue superior de la asesora de la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Un documento, al cual tuvo acceso Europa Press, confirma que los servicios jurídicos del Estado presentaron esta representación legal el pasado 9 de mayo ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Martín Aguirre está programado para declarar el miércoles como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado, en el marco de un presunto delito de malversación que podría haber ocurrido durante su gestión en la Secretaría General de Presidencia. Este caso está vinculado al nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente, quien es la principal imputada en esta investigación.

El juez Peinado tiene previsto interrogar a Martín Aguirre el miércoles a las 13:30 horas después de aceptar a trámite una querella presentada por Vox. Esta se ha acumulado al proceso que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por diversos delitos, entre los que se encuentran el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, la apropiación indebida de marca y el intrusismo.

La querella de Vox señala específicamente el nombramiento y las funciones de la asesora Cristina Álvarez, quien trabaja en La Moncloa y está bajo investigación, así como la posible implicación de Martín Aguirre en estos hechos, dado su cargo como secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021.

Según Vox, Martín Aguirre era el superior inmediato de Cristina Álvarez, y por lo tanto, el partido le atribuye a él y a Álvarez y Gómez la responsabilidad por delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Sin embargo, hasta el momento, el juez solo ha encontrado indicios de un posible delito de malversación en el comportamiento de Martín Aguirre.

El juez ha considerado pertinente aceptar la querella debido a la aparente implicación de Aguirre en el nombramiento de Cristina Álvarez para desempeñar funciones privadas de Begoña Gómez, utilizando recursos de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, fondos públicos.

Es relevante recordar que Álvarez comenzó su labor en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como director del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; Aguirre no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021.

Este es uno de los argumentos presentados por la Fiscalía en el recurso que han llevado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la revisión de la decisión del juez al considerar que su imputación resulta "incomprensible".

La Fiscalía sostiene que no se puede responsabilizar a Martín Aguirre por un nombramiento que ocurrió tres años antes de su nombramiento como secretario general de la Presidencia. En el recurso, al que Europa Press ha tenido acceso, el fiscal subraya que "no hay evidencias de que Martín Aguirre haya cometido algún delito" y critica la imputación directa, argumentando que es insostenible basándose en hechos vagos e imprecisos.