MADRID, 19 de diciembre.

La Asamblea de Madrid se prepara para clausurar sus actividades por el periodo navideño este viernes, cerrando un año con la aprobación de los Presupuestos Regionales de 2025 y dos leyes significativas. Estas leyes son la proposición de ley orientada a mejorar la gestión a nivel local y autonómico dentro de la Comunidad de Madrid, y el Proyecto de Ley destinado a lograr un desarrollo equilibrado en materia medioambiental y de ordenación del territorio.

El día de mañana está previsto que se desarrollen dos plenos: el primero, de carácter ordinario, se centrará en la votación de las cuentas para 2025 tras un intenso debate sobre las enmiendas que tuvo lugar este jueves. Una vez concluidas las actividades del primer pleno, se llevará a cabo un segundo pleno extraordinario que abordará las dos nuevas iniciativas legislativas, las cuales se prevé que sean aprobadas gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.

La propuesta de mejora en la gestión local y autonómica presentada por el Grupo Parlamentario Popular ha suscitado una fuerte oposición por parte de la izquierda, especialmente por su intención de eliminar el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Este organismo ha sido clave en la representación de más de 40 entidades juveniles que incluyen desde organizaciones de educación no formal hasta secciones juveniles de partidos políticos y sindicatos, así como colectivos feministas y ecologistas, tal como se detalla en su sitio web oficial.

El texto legislativo no solo plantea la desaparición del Consejo de la Juventud, sino que también incluye modificaciones en varias leyes existentes, como la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos, y de adaptación del régimen local de la Comunidad de Madrid a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración pública.

Además, se pretende llevar a cabo ajustes en normativas relacionadas con la Función Pública, el patrimonio de la Comunidad de Madrid, y la Ley Ómnibus de 2022, la cual se enfoca en medidas urgentes para promover la actividad económica.

Respecto a la gestión del transporte urbano, la nueva ley clarifica el papel de las Mancomunidades, y en cuanto al régimen local, establece procedimientos para emitir informes sobre la inexistencia de duplicidades en los servicios.

La reforma también afecta al Programa de Inversiones Regional (PIR), priorizando aquellos proyectos cuya competencia sea exclusivamente local y eliminando la exención del cofinanciamiento para municipios de menos de 2,500 habitantes.

En el ámbito de la Función Pública, se introduce la creación de un cuerpo de inspectores de servicios sociales, cuyo cometido será planificar y llevar a cabo la inspección de los centros y servicios sociales en la región. A su vez, se realizarán modificaciones en la Ley de Patrimonio en lo que respecta al arrendamiento de inmuebles pertenecientes a la Comunidad.

La reforma de medidas fiscales y administrativas busca reestructurar la Agencia para la Administración Digital, reforzando su conexión con la Consejería de Digitalización, al tiempo que se incorporará un nuevo vicepresidente en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, y se traspasarán funciones desde la Autoridad Independiente de Protección del Informante al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

Por otro lado, el Proyecto de Ley centrado en el desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio tiene como propósito continuar con las reformas necesarias que el Ejecutivo considera cruciales para impulsar tanto el crecimiento económico como los proyectos urbanos. Así lo ha expuesto Carlos Novillo, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno regional argumentan que esta reforma es una medida necesaria para la actualización y racionalización de las normativas en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico, promoviendo un entorno favorable para la ejecución de grandes proyectos y acelerando los plazos de edificabilidad, permitiendo la solicitud de licencias desde la fase de reparcelación.

Además, se buscará agilizar los trámites urbanísticos a nivel municipal tras la implementación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas para fomentar la construcción de vivienda protegida, lo que permitirá a las administraciones locales avanzar en sus planes urbanísticos mientras se tramita la reforma integral de la Ley del Suelo actualmente en preparación.

En un enfoque hacia la agricultura y la ganadería, se prevé la simplificación de autorizaciones urbanísticas y la modernización de los sistemas de regadío, medidas que favorecerán un uso más eficiente del agua y mejorar la rentabilidad de las actividades agrarias. Asimismo, la nueva legislación permitirá una mayor diversidad de usos en el suelo rural, así como la venta de productos agroalimentarios directamente desde las instalaciones, lo que fortalecerá la competitividad del sector.

Finalmente, la reforma contempla un impulso a la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en suelos urbanizables no sectorizados, facilitando su desarrollo a través de un nuevo Proyecto de Actuación Especial que acortará notablemente los plazos de tramitación.

En términos de gestión del agua, la legislación recién propuesta agiliza la aprobación de proyectos de infraestructuras hídricas, asegurando así la continuidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos relacionados con el ciclo del agua.