La situación en la Comunidad de Madrid parece tensarse aún más tras la decisión de la administración regional de no compartir datos sobre sus programas de cribado de cáncer, como el de mama, colon y cérvix, con el Ministerio de Sanidad. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, argumenta que la solicitud responde a una táctica política en lugar de un interés genuino por mejorar la salud pública, situación que ella considera una distracción de los verdaderos problemas que enfrenta el departamento dirigido por Mónica García.

En su carta al Ministerio, Matute subraya que los programas de cribado son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y que no existe un marco legal que les obligue a compartir esta información, lo que, a su juicio, hace inapropiada la solicitud. Con ello, pretende dejar claro que la autonomía en la gestión de la salud es esencial y no debe ser interferida por cuestiones políticas.

El Ministerio de Sanidad había solicitado esta información para realizar un seguimiento más exhaustivo de los programas de cribado, especialmente tras los retrasos en la detección temprana del cáncer de mama en Andalucía. Sin embargo, la consejera sostiene que esta iniciativa no aborda los problemas reales del sistema de salud, como la falta de personal y recursos, sino que busca desviar la atención de la ineficacia del propio ministerio.

Matute también critica que el Ministerio pretenda presionar a las comunidades autónomas para que aceleren la recopilación de datos cuando ellos mismos no han completado los medios necesarios para validar la información. De acuerdo con sus declaraciones, esta acción podría tener más intenciones políticas que técnicas y afecta la credibilidad de los programas preventivos que ya están en funcionamiento.

El nivel de preocupación aumenta entre organizaciones de pacientes y entidades científicas, que perciben la situación como un riesgo para los programas de detección y prevención que son vitales para la salud de la población. La falta de un sistema informático actualizado y la inexistencia de documentos oficiales que regulen estos procesos agravan la situación, de acuerdo con declaraciones de Matute.

Además, la consejera destaca que actualmente no hay un sistema informático operante que permita a las comunidades cargar los datos requeridos ni se han desarrollado adecuadamente los indicadores necesarios para evaluar la calidad asistencial. Esto, según ella, justifica la negativa a proporcionar datos en este momento.

En conclusión, Matute reafirma que la gestión de los programas de cribado reside plenamente en las comunidades autónomas, que han demostrado competencia y éxito en su implementación. Asimismo, reitera la disposición de su consejería a colaborar con el Ministerio, siempre bajo el respeto a las competencias y en busca de mejorar realmente la asistencia sanitaria sin caer en la politización del tema.