La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reiterado su llamado al Gobierno de España para eliminar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), argumentando que "es factible y lo temporal debe ser eliminado". Según Albert, el impuesto se ha concentrado en la Comunidad de Madrid debido a bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio, y es necesario adecuar la situación a la buena coyuntura económica actual. Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa este lunes.
Los ingresos generados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas han disminuido significativamente de 619 millones en 2023, año de su instauración, a 38 millones en 2024, debido a la reactivación del Impuesto de Patrimonio en varias comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia. Esta reducción de ingresos se refleja en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente al mes de agosto.
De acuerdo con la Agencia Tributaria, la recaudación por este impuesto ha caído un 93,9% en los primeros ocho meses del año, pasando de 619 millones a 38 millones. La consejera Albert ha destacado las medidas del Gobierno autonómico madrileño para posicionar a la región como la más competitiva fiscalmente en España, basadas en una fiscalidad baja, rigor presupuestario y atracción del talento empresarial.
En este sentido, Rocío Albert ha anunciado la intención de seguir reduciendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en todos sus tramos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre las empresas. Además, ha hecho hincapié en la importancia de eliminar trabas burocráticas y en la necesidad de evitar incrementos en las cargas sociales a nivel nacional.
La consejera ha señalado que muchas empresas optan por trasladarse de Cataluña a Madrid en busca de estabilidad, criticando la financiación diferenciada en Cataluña por no ofrecer mejoras significativas a los contribuyentes. En este sentido, ha expresado su preocupación por la falta de claridad en el uso de los recursos adicionales para los catalanes, lo cual afecta tanto a empresas como a contribuyentes en la región.
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