En un hito relevante en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, la Comunidad de Madrid ha logrado prevenir 50 intentos de ocupación y facilitar desalojos desde la implementación de un servicio telefónico gratuito. Desde su inauguración en junio de 2022, el número 112 ha registrado un total impresionante de 4,582 llamadas atendidas por este propósito.

Este innovador servicio, que opera desde el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) en Pozuelo de Alarcón, se ha integrado en la estructura de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Su función principal es mejorar la colaboración entre las diversas fuerzas del orden, incluyendo la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil, optimizando así la intervención en situaciones de emergencia, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado oficial.

La iniciativa no solo actúa como un canal de apoyo para las personas afectadas por estos delitos contra la propiedad, sino que también consolida bajo una única línea toda la respuesta institucional, que abarca servicios sociales y recursos judiciales y policiales.

Desde mayo, el servicio 112 Ocupación ha expandido su oferta al incluir asesoría legal gratuita e inmediata para las víctimas, gracias a una colaboración efectiva con los colegios de abogados y procuradores de la región. Este avance es especialmente significativo para quienes enfrentan la angustia de ser despojados de su hogar.

Además del asesoramiento jurídico, los afectados tienen acceso a representación legal en los tribunales y están respaldados por un servicio de atención psicológica a través de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD), creando un enfoque integral para la recuperación de la normalidad en sus vidas.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 5 de agosto en Miraflores de la Sierra, donde un ciudadano alertó al 112 sobre la presencia sospechosa de individuos en un hotel deshabitado. Gracias a la rápida respuesta de la Policía Local y la Guardia Civil, se logró identificar y desalojar a un individuo, impidiendo así la ocupación del lugar.

Otro episodio notable tuvo lugar el 25 de julio en la capital, en la calle Matías Turrión, cuando un propietario, que se encontraba en Malasia, notificó a su vecino sobre un intento de entrada no autorizado en su hogar. Al llegar, agentes de la Policía Nacional encontraron a dos personas que, al percatarse de la llegada de la autoridad, huyeron del lugar.