El Gobierno madrileño avanza en la financiación universitaria tras intensas negociaciones

En la última semana de noviembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un anuncio significativo para el futuro de las universidades públicas de la región. Después de un proceso de diálogo con los rectores de las seis instituciones públicas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III), Ayuso comprometió un incremento en el presupuesto destinado a estas universidades del 3,8%, equivalente a unos 42 millones de euros, rompiendo así con el plan inicial que solo contemplaba un aumento del 0,9%.

La noticia fue anticipada por el diario 'El País' y confirmada por fuentes oficiales del Gobierno regional, tras la reunión que tuvo lugar entre la presidenta y los rectores. Según la información desglosada, 20 millones de euros se destinarán a mejorar infraestructuras, mientras que los restantes 22 millones se utilizarán para cubrir nóminas y otros gastos operativos.

Este gesto del Gobierno regional responde a las crecientes alarmas lanzadas por las universidades durante los anteriores meses, que culminaron en una carta conjunta de los rectores donde se advertía sobre una situación crítica en la que, de no tomarse medidas, el panorama podría tornarse catastrófico en el corto plazo.

El Ejecutivo madrileño ha destacado que se ha acordado el inicio de labores para crear un modelo de financiación más sostenible para las universidades públicas, vinculando parte de estos recursos a objetivos concretos que se espera consegir. Esta iniciativa formará parte del proyecto de presupuestos regionales para 2025, que actualmente se encuentra en fase de tramitación en la Asamblea de Madrid, donde se espera su aprobación antes de finalizar el año.

Adicionalmente, la Consejería está trabajando en un plan de infraestructura que permita evaluar el estado y las necesidades de cada una de las universidades. Se ha establecido que en la segunda quincena de enero de 2025 se reanudarán los trabajos para desarrollar un modelo de financiación que se alinee con la nueva ley de Universidades.

Antes de la reunión entre Ayuso y los rectores, la Consejería de Educación anunció que estaba en las etapas finales de la firma del convenio del Programa María Goyri. Este programa tiene como objetivo la creación de nuevas plazas para profesores ayudantes de doctor en las universidades públicas. Sin embargo, se aclaró que se adaptará a las particularidades de cada centro educativo.

El propósito fundamental es rejuvenecer y estabilizar las plantillas docentes, lo que podría traducirse en la creación de hasta 1.100 nuevas posiciones. De estas, el Gobierno central financiará el 60% durante los primeros seis años, mientras que la Comunidad de Madrid cubrirá el 40% restante. Posteriormente, desde el año 2025, la comunidad tomará plena responsabilidad de estas contrataciones, comprometiéndose a destinar 17,5 millones de euros anuales para tal fin.

Este anuncio se produce en un contexto de presión creciente, ya que solo un día antes, el Ministerio de Ciencia y Universidades había notificó que todas las comunidades autónomas, excepto Madrid, habían aceptado unirse al programa. En respuesta, la ministra Diana Morant escribió a la comunidad instando a reconsiderar su postura para evitar la pérdida de 169 millones en financiación, dado que el plazo de adhesión se cerraba pronto.

El apuro por firmar este convenio se suma a la urgencia de establecer una nueva forma de financiación antes del debate inminente de los Presupuestos autonómicos de 2025, que están programados para ser votados a finales de este mes. Se espera que en la sesión plenaria del jueves se discutan las enmiendas a las cuentas, presentadas por la oposición, aunque se prevé que no cuenten con apoyo suficiente por la mayoría del PP en la Asamblea.

Las universidades también han elevado su voz en los últimos días, a través de una carta enviada al Gobierno, y expresaron su profunda preocupación respecto a la sostenibilidad económica y la calidad del servicio público ante la financiación insuficiente. Destacaron que el borrador de los presupuestos no incluye recursos que consideren cruciales para enfrentar la inflación, cubrir aumentos salariales ni para atender exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En su misiva, los rectores advirtieron que la situación actual es alarmante y que podría convertirse en insostenible en un futuro cercano. Hasta el momento, la respuesta de la Consejería ha sido centrarse en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (LESUC), que debería proporcionar un modelo de financiación más adaptado a las demandas del sector.

El marco de la LESUC establece, por un lado, una financiación básica y, por otro, la posibilidad de recibir inversiones adicionales que dependerán del cumplimiento de metas específicas relacionadas con la docencia, la investigación o la competitividad.

No obstante, la relación entre el Gobierno regional y las universidades ha estado marcada por fricciones en los últimos tiempos, intensificándose con recientes declaraciones de Ayuso. En noviembre, la presidenta acusó a la izquierda de querer "colonizar" las instituciones educativas, lo que provocó reacciones por parte del rector de la Universidad Complutense, quien calificó sus comentarios de injustos y dañinos para la reputación de la institución académica.