La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha tomado una significativa decisión al anunciar la construcción de 60 viviendas dirigidas a familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en el conocido distrito de Puente de Vallecas. Este proyecto es un esfuerzo por ofrecer soluciones habitacionales en un contexto donde muchas familias se encuentran en situaciones críticas y necesitan un lugar seguro para vivir.

En un contexto donde la vivienda se ha convertido en un tema central para la sociedad, el gobierno regional ha comenzado la demolición del antiguo edificio del centro social okupado conocido como 'La Atalaya', ubicado en el número 2 de la calle Puerto de Milagro. Este inmueble, que anteriormente pertenecía al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y ahora está bajo la dirección de la Agencia de Vivienda Social, había estado en desuso y representaba un riesgo para la seguridad, con temores de colapso debido a su deterioro.

El reciente Consejo de Gobierno ha aprobado con carácter de urgencia el inicio de la tramitación y ejecución del contrato de obras necesario para llevar a cabo dicha demolición, estableciendo un plazo de 50 días laborables para la finalización del proceso. Las autoridades locales han enfatizado la importancia de garantizar la seguridad de los vecinos y la comunidad en general al tomar esta medida.

El centro social 'La Atalaya' había sido un pilar importante para la comunidad desde su inauguración en diciembre de 2014, tras ocupar el antiguo IES Margerit en Vallecas. Durante casi una década, este espacio funcionó como un vibrante centro comunitario, donde se organizaban asambleas, conciertos, talleres y se realizaba un reparto de alimentos a los vecinos durante la pandemia, entre muchas otras iniciativas que fortalecieron el tejido social en la zona.

No obstante, el centro fue desalojado el pasado 26 de noviembre, en un operativo policial que resultó en la detención de cuatro personas que estaban dentro del inmueble en ese momento. 'La Atalaya' albergaba diversos espacios útiles para la comunidad, como una biblioteca, una ludoteca, un rocódromo y una despensa social, todos ellos esenciales para el bienestar de los vecinos.

Previo al desalojo, existen antecedentes de intentos fallidos de desalojo, siendo 2016 un año clave cuando IVIMA llevó a juicio a varias personas, aunque el proceso finalmente quedó prescrito sin resolución definitiva. Ahora, la Agencia de Vivienda Social ha decidido actuar y, tras recuperar la "legítima" posesión del inmueble, está decidida a transformar este espacio en algo que beneficie a aquellos que más lo necesitan.

Las nuevas viviendas que se construirán estarán diseñadas para acomodar a familias vulnerables y contarán con una superficie de aproximadamente 65 metros cuadrados. Las unidades se distribuirán en diferentes configuraciones de dormitorios –tres, dos y uno–, y contarán con salón, cocina, baño, plaza de garaje y trastero, así como un sistema de climatización y calefacción que permitirá regular la temperatura en cada habitación. Esta iniciativa refleja un compromiso por parte de la Administración de garantizar condiciones dignas de vida para todos.

El proyecto de construcción de estas 60 viviendas se enmarca dentro de un plan más amplio de la Agencia de Vivienda Social, que prevé edificar un total de 1.600 pisos durante la actual legislatura, con una inversión estimada cercana a los 12 millones de euros. Esta es una respuesta necesaria ante una de las crisis más acuciantes: el acceso a la vivienda digna en una ciudad que, pese a su crecimiento, enfrenta desafíos serios en términos de equidad social y derechos básicos.