24h Madrid.

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La declaración de Alberto González y los investigados por fraude fiscal se pospone hasta el 24 de junio.

La declaración de Alberto González y los investigados por fraude fiscal se pospone hasta el 24 de junio.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido posponer hasta el 24 de junio la comparecencia de Alberto González Amador y los demás implicados en un presunto fraude fiscal, según han indicado fuentes legales.

Esta postergación se debe a que uno de los citados para este lunes no recibió la notificación correspondiente ni fue posible programar una videollamada prevista para mañana en los juzgados de Sevilla.

El compañero sentimental de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acudió de forma discreta a las instalaciones judiciales alrededor de las diez de la mañana para responder por dos delitos fiscales y uno de falsificación documental relacionado con un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros atribuido por la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.

Al llegar, evitó a los medios de comunicación presentes en los accesos a la sede judicial. En este momento, se encuentra dentro de la sala de audiencias preparándose para declarar.

Se ha informado que Alberto González habría modificado su apariencia al llevar el cabello más corto y sin barba, según han indicado fuentes legales a Europa Press, lo que provocó que los periodistas que lo esperaban no lo reconocieran al llegar.

En la entrada principal de los juzgados se implementó un perímetro especial de seguridad y se reforzó la vigilancia. A las afueras, se congregaron decenas de periodistas.

La magistrada de Instrucción número 19 de Madrid interrogará en junio a Alberto González y a Maximiliano N. como parte de las investigaciones contra Alberto G. A. y otras cuatro personas. El martes, cuestionará a otras tres personas implicadas en el mismo caso penal.

La pareja de Ayuso podría declarar su inocencia o aceptar los delitos que se le imputan según el acuerdo propuesto por su defensa, que planteaba aceptar ocho meses de prisión, cuatro por cada delito fiscal.

Su declaración se produce poco antes de que deba ratificar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la denuncia presentada contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por revelación de secretos en relación con el comunicado difundido sobre el intercambio de correos entre su abogado y el fiscal vinculado al caso de fraude fiscal.

La investigación se centra en presuntas conductas delictivas relacionadas con el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios de 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsificación en documento mercantil al presentar facturas que no corresponden a servicios reales con el objetivo de reducir la cantidad a pagar en impuestos.

Según el auto de apertura de diligencias, el contribuyente habría dejado de abonar a Hacienda 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195.951 euros por el impuesto de sociedades de 2021 como consecuencia de estas actividades fraudulentas.

Estos actos se consideran delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal junto con un delito de falsificación en documento mercantil previsto en el artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.

La pareja de Ayuso comparecerá después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera la querella presentada contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por revelación de secretos en relación con el comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid que detallaba el intercambio de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal del caso.

En este sentido, el instructor citó a las partes para el 24 de mayo a fin de ratificar las denuncias, y entre las diligencias solicitó identificar al máximo responsable fiscal que autorizó la difusión del mencionado comunicado.

En cuanto al caso de la pareja de Ayuso, la Fiscalía inició la investigación a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que alertaba sobre un posible fraude fiscal al detectar "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

Estos gastos supuestamente no corresponden a servicios reales y tienen como objetivo pagar menos impuestos de los debidos por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021, según la denuncia del fiscal.

El 22 de enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria referente a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del cual se desprenden "datos e indicios sobre hechos relacionados con el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 que podrían constituir un delito".

Este informe señalaba dos delitos contra la Hacienda Pública, con un fraude tributario evaluado por la Inspección de Hacienda en más de 120.000 euros y un posible delito de falsificación en documento mercantil al presentar facturas ficticias para reducir la cuota tributaria.

En consecuencia, la Fiscalía decidió el 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, Alberto G. A., como único administrador de la sociedad durante el período investigado, habría sido responsable de las actuaciones fraudulentas. La Agencia Tributaria inició acciones de verificación el 12 de mayo de 2022.

Según la denuncia, en el marco de estas verificaciones sobre el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la sociedad en cuestión, se descubrió que se llevaron a cabo acciones para reducir la tributación ante el incremento de los ingresos en esos años.