En la capital española, Madrid, el debate sobre la tasa de basuras está a punto de intensificarse en el Pleno de Cibeles del próximo martes. Los partidos Más Madrid, PSOE y Vox han unido fuerzas para exigir al gobierno de José Luis Martínez-Almeida una revisión de esta tasa, proponiendo que se modifique para que refleje tanto la capacidad de reciclaje de los ciudadanos como la cantidad de residuos generados. El lema que subyace a esta iniciativa es claro: "quien más contamine, más deba pagar".

Los portavoces de los grupos han expuesto sus propuestas en diversas conferencias de prensa previas al Pleno, reiterando que la cuestión de la tasa de basuras estará en el centro del debate. Más Madrid y Vox plantearán la devolución de los pagos efectuados por los ciudadanos, mientras que el PSOE buscará que se incorporen criterios tanto justos como ambientales para recalibrar la tasa.

Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, ha criticado al alcalde por su continua "cruzada" contra el Gobierno de España, argumentando que debería enfocarse más en asumir su responsabilidad. Rubiño reiteró la disposición de su grupo para colaborar en el diseño de una tasa más equitativa que se alinee con el principio de que el que contamina, paga, teniendo en cuenta también los niveles de ingresos de los ciudadanos.

Rubíno también subrayó que si Almeida no es capaz de gestionar adecuadamente los residuos de una gran ciudad en el siglo XXI, su grupo está más que dispuesto a ofrecer soluciones para poner fin a lo que considera un "circo" de acusaciones, evitando hacerse cargo de las responsabilidades gubernamentales.

Entre las propuestas que su equipo llevará al Pleno, Rubiño contempla la anulación de la actual ordenanza fiscal y la devolución de los pagos realizados por los madrileños. Además, Más Madrid cuestionará al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, sobre el "caos" existente en la movilidad de la ciudad, que ha sido un tema recurrente en las últimas semanas.

El PSOE, a su vez, también se ha pronunciado en contra de la tasa impuesta por Martínez-Almeida, calificándola de "injusta" y "mal diseñada". El grupo ha recordado que aunque la normativa proviene de Europa y de una ley estatal, la forma en que se implementa y se cobra es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Madrid, y es aquí donde, a su juicio, Almeida ha fallado en su gestión.

Maroto, portavoz socialista, ha denunciado que la tasa actual penaliza a las familias trabajadoras y no considera su capacidad económica ni premia los esfuerzos realizados en reciclaje. Propone cambios para 2026 que incorporen criterios tanto de justicia como ambientales, sugiriendo reducciones significativas para familias y empresas que adopten buenas prácticas de gestión de residuos.

Maroto ha insistido en que los negocios, como las Viviendas de Uso Turístico (VUT), deben asumir su parte y pagar como tal, argumentando que Almeida podría instaurar una tasa más justa y accesible para los ciudadanos si se lo propusiera. Critica la tendencia del Partido Popular en Madrid de improvisar y hacer correcciones inadecuadas que impactan negativamente a los vecinos.

En este contexto, la socióloga también ha señalado un elemento clave: la necesidad de establecer bonificaciones que garanticen que la tasa aplique el principio de "quien contamina paga".

Por otro lado, Javier Ortega-Smith, portavoz de Vox, cuestionará al alcalde sobre la aparente contradicción de tener una ciudad sucia a pesar de contar con "los mayores presupuestos" dedicados a limpieza. Critica la imposición de una tasa de basuras que asciende a casi 300 millones de euros al año y la inacción de Almeida ante la negligencia en la limpieza de la ciudad.

Ortega-Smith no dudará en calificar la situación de "terrible" y acusar al alcalde de ser hipócrita en sus discursos en contra de la tasa de basuras, sugiriendo que el Ayuntamiento ha sido demasiado rápido en aprobar la normativa sin esperar a su entrada en vigor en 2026.

Finalmente, el portavoz de Vox enfatiza que su partido continuará luchando contra lo que considera un "atraco fiscal" a los ciudadanos de Madrid, y asegura que con el tiempo, los tribunales les darán la razón respecto a la naturaleza desproporcionada de la tasa. Denunciará la falta de consideración de la cantidad de residuos generados y la capacidad de reciclaje de los ciudadanos, definiendo esta tasa como un "IBI 2.0" que punitivamente penaliza a los vecinos de la capital.