En Madrid, el pasado 24 de julio, la Policía llevó a cabo la detención de un hombre que tomó la drástica decisión de colgarse en un patio de vecinos para evitar el desahucio de una familia que residía en el barrio de Lavapiés. A pesar de su valiente protesta, el desalojo finalmente se realizó.

Los acontecimientos tuvieron lugar en la calle Zurita 31, donde se había programado el tercer intento de desalojo de Zohra, su marido y su hijo de 8 años, de origen marroquí y en situación de vulnerabilidad, según informó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, cuyos activistas llevan apoyando a la familia desde la noche anterior.

Para presionar a las autoridades, uno de los activistas se colgó en el vacío del patio del edificio con la intención de activar un mecanismo que dejaría caer una cuerda al suelo en caso de que intentaran abrir la puerta para proceder con el desahucio.

Ante esta situación, un gran número de agentes de la Policía Municipal y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se desplegaron en la zona desde tempranas horas de la mañana, bloqueando la calle al tráfico. Finalmente, los bomberos lograron bajar al activista y, pese a la resistencia y bloqueo de la puerta, la comisión judicial ingresó a la vivienda con ayuda de la policía.

Posteriormente, se llevó a cabo el desahucio y los trabajadores del Samur Social ofrecieron una solución habitacional a la familia, con el alquiler temporal de un piso compartido en Vallecas. Esta alternativa resultaba más favorable que la vivienda de la calle Zurita, la cual presentaba humedades, techos en mal estado, problemas estructurales y una plaga de insectos.

Desde el sindicato han criticado que, a pesar de cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigidos por el Real Decreto, Zohra y su familia se vieron desamparados. Han expresado su frustración frente al rentismo y las instituciones que protegen los intereses del capital, haciendo un llamado a la ministra de Vivienda para que tome cartas en el asunto.