En Madrid, el 19 de mayo, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha hecho público que ha decidido cambiar la fecha de la manifestación inicialmente programada para este martes, trasladándola al 28 de mayo. Esta protesta se originó por las recientes 8.500 autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor (VTC) concedidas a Cabify por la Comunidad de Madrid, en el contexto de un prolongado proceso judicial que ha suscitado intensas controversias.

La FPTM ha comunicado que esta modificación se llevó a cabo después de consultar con la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la encargada de dar luz verde a este tipo de eventos públicos. A pesar de este cambio, el recorrido de la marcha permanecerá inalterado.

La movilización comenzará a las 10 de la mañana desde la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y recorrerá el emblemático Paseo de la Castellana. El trayecto irá desde el cruce con la calle San Germán hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, cercano a la sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, ubicada en la calle Maudes.

En el transcurso de la marcha, se llevará a cabo una parada en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Durante esta breve detención, los representantes de la FPTM entregarán un documento que detalla sus demandas. Un acto similar tendrá lugar al final del recorrido en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

A través de esta forma de protesta, la FPTM busca expresar su descontento ante la falta de atención por parte de las autoridades y promover un "equilibrio real y justo" entre las licencias de taxis y las autorizaciones VTC. También se hace hincapié en denunciar las irregularidades que, según ellos, la empresa Cabify ha cometido en el proceso de documentación requerido.

Recientemente, la Federación alertó sobre la aparición de “anomalías” durante un proceso de revisión, que, a su juicio, exponen las manipulaciones realizadas por Cabify en la presentación de la documentación necesaria para operar.

En este sentido, la Comunidad de Madrid condicionó la entrega de dichas licencias a que la empresa demostrara contar con los vehículos requeridos para operar bajo estas autorizaciones. Cabify ha argumentado, sin embargo, que esta exigencia infringe decisiones judiciales anteriores.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, añadió que la Comunidad de Madrid agotará todas las instancias legales, aunque no comparta el fallo judicial. Según explicó, ya han presentado un recurso de reposición y en su momento también se interpondrá uno de casación.

El consejero subrayó la necesidad de mantener un equilibrio entre ambos sistemas de transporte. Actualmente, en la Comunidad se cuentan más de 16.000 licencias de taxi y cerca de 9.000 VTC, cifras que, según su opinión, reflejan un balance adecuado en el servicio al público.

La FPTM también destacó que, aunque la documentación presentada por Cabify es real, los vehículos que deberían estar asociados a dicha documentación no están operativos en la empresa de VTC.

Cabify, por su parte, defiende que las 8.500 licencias que ha recibido son el resultado de decisiones judiciales que favorecen su causa. La compañía remarcó que estas licencias fueron otorgadas por los tribunales y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de la justicia en España.

La plataforma también ha expresado su oposición a que se concedan estas nuevas licencias a Cabify, señalando que esto podría desequilibrar significativamente el mercado, ya que, de ser aprobadas, la empresa controlaría cerca del 70% de las autorizaciones VTC en la región de Madrid.

Además, se indicó que Cabify se acercaría peligrosamente al número total de licencias de taxi en la capital, donde actualmente hay aproximadamente 15.000 en comparación con las 8.874 de VTC que ya operan en el sector.

La compañía había solicitado un paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, justo un día antes de la promulgación de un decreto que limitaba la proporción de VTC a solo una por cada 30 taxis. Aunque Madrid denegó esas peticiones, Cabify llevó el caso a un tribunal superior, donde finalmente le dieron la razón.

A pesar de esto, el actual Gobierno central promulgó una nueva ley en junio de 2023 que ofrece a las comunidades autónomas y ayuntamientos herramientas para restringir las autorizaciones de VTC por motivos ambientales y de gestión de tráfico, en respuesta a la anulación del límite 1/30 por parte de la justicia europea.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a rechazar las solicitudes, lo que llevó a Cabify a recurrir nuevamente al sistema judicial, obteniendo una vez más la validación de su derecho a recibir las autorizaciones necesarias.