La Comunidad de Madrid ha decidido apoyar la iniciativa del Parlamento Europeo (PE) para proteger los productos agrícolas de calidad y ha anunciado que lanzará dos nuevos sellos de distinción: "Productos Artesanos" y "Productos de Alta Montaña", según han indicado fuentes regionales a Europa Press.

El sello de "Productos Artesanos" se utilizará para aquellos alimentos elaborados de forma 100% manual, sin la ayuda de maquinaria industrial, mientras que el sello de "Productos de Alta Montaña" se aplicará a aquellos alimentos producidos a más de 800 metros de altura, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad establecidos por los técnicos regionales.

Los municipios de montaña en la Comunidad de Madrid representan el 35% de los 179 municipios totales, y se encuentran en las comarcas de Sierra Norte, Cuenca Alta del Manzanares, Cuenca del Guadarrama y Sierra Oeste.

Según palabras de la Comunidad de Madrid, "Las poblaciones de montaña, durante generaciones, han desarrollado sistemas de producción únicos, resilientes y sostenibles, adaptados a sus ambientes locales, que favorecen la producción de productos y servicios de nicho y específicos de la montaña. La agricultura y ganadería de estas zonas tiene potencial para ofrecer al mercado productos de alto valor añadido, asociados a la calidad, la sostenibilidad, la biodiversidad y el territorio".

El objetivo de estas nuevas medidas es facilitar a los consumidores la identificación de productos agroalimentarios que han sido elaborados de forma artesanal o en zonas de alta montaña con estándares de calidad y medio ambiente adecuados. Estos sellos también contribuirán a la dinamización económica y al desarrollo sostenible del medio rural y serrano de la Comunidad de Madrid.

Desde el año 2014, la Comunidad de Madrid ha agrupado su riqueza gastronómica bajo la marca "M Producto Certificado", que cuenta con más de 500 empresas y más de 4.500 productos elaborados en la región.

La iniciativa de la Comunidad de Madrid llega después de que el Parlamento Europeo adoptara su posición hacia las nuevas reglas de las indicaciones geográficas de la Unión para productos agrícolas, proponiendo cambios en los estándares de protección y estableciendo un plazo máximo de cinco meses para el registro de las mismas.