Más Madrid insiste en que la Comunidad se sume al billete único de transporte para facilitar viajes por el país.
El 16 de diciembre, en un movimiento significativo hacia la mejora del transporte público, el Grupo Parlamentario de Más Madrid ha presentado una propuesta ante la Asamblea de Madrid. La iniciativa busca que la Comunidad de Madrid se sume al abono único de transporte de 60 euros al mes, y 30 euros para jóvenes, que ha sido promovido por el Gobierno central. Este abono permitirá que, a partir del 19 de enero, los madrileños puedan desplazarse en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en autobuses interurbanos.
En su propuesta, Más Madrid argumenta que la participación de las comunidades autónomas es esencial para el éxito de esta medida. Consideran que facilitará una verdadera integración de los diferentes modos de transporte y que, para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, representaría un avance importante hacia un sistema de tarifas más claro, accesible y justo.
La iniciativa española toma inspiración de sociedades europeas, como Alemania, donde se ha implementado el Deutschlandticket, un abono que por 63 euros ofrece acceso a todos los medios de transporte público, incluyendo metros y tranvías, con la excepción de los trenes de alta velocidad.
Se espera que el real decreto relacionado con este abono se apruebe en el próximo Consejo de Ministros, a realizar el martes, aunque la medida necesitará ser ratificada en el Congreso con el respaldo de varios partidos políticos.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha subrayado la importancia de este abono, al señalar que “el transporte es un derecho” y que estos abonos pueden ser una solución eficaz para ayudar a quienes más lo necesitan. "Debemos hacer que moverse por Madrid y por España sea sencillo, económico y sostenible", afirmó.
La propuesta de Más Madrid también resalta que ejemplos positivos de políticas similares ya se conocen en otros países europeos, como Portugal y Francia, y cita la demanda de organizaciones sociales, incluidas Greenpeace, que han defendido este tipo de medidas para afrontar el cambio climático y promover una movilidad más justa.
En la misma línea de reclamo, Bergerot ha instado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a que “deje de obstaculizar una iniciativa que facilitaría la vida a todos los madrileños y que contribuiría a una mejor conectividad del país mediante el transporte público”. Argumentó que un transporte más asequible ofrece más libertad y promueve un planeta más limpio y conectado, menos dependiente del transporte privado.
Desde el Ejecutivo regional, la reacción a esta propuesta ha sido crítica, tachándola de “improvisada” y de interferir en competencias ya establecidas. Además, argumentan que el abono propuesto sería un 50% más costoso para los jóvenes madrileños, ya que actualmente pueden utilizar la tarifa plana de 20 euros al mes que cubre toda la región y parte de Castilla-La Mancha, lo que representa un ahorro significativo en comparación con la oferta del gobierno central.
El gobierno regional sostiene que esta medida es “improvisada” y que podría generar confusión debido a la falta de planificación técnica y financiera.
Con ello, Más Madrid está pidiendo a la Asamblea que inste a la Comunidad a comenzar los trámites necesarios para integrar el sistema de transporte público madrileño al abono estatal. También buscan que se establezcan mecanismos de colaboración con los municipios que gestionan servicios de autobús urbano, para facilitar su inclusión en este nuevo modelo.
Por otro lado, solicitan que la Asamblea informe en un plazo no mayor de seis meses sobre los avances, acuerdos alcanzados y la hoja de ruta para la incorporación efectiva del transporte público de Madrid a esta iniciativa. También enfatizan la necesidad de evaluar periódicamente el impacto social, ambiental y económico de esta integración, haciendo públicos los resultados y usando esa evaluación para la mejora del sistema.
Más Madrid concluye recordando que esta propuesta también ha sido presentada por el partido Sumar en el Congreso de los Diputados en octubre de 2024, subrayando la urgencia de un sistema de transporte accesible e integrado que beneficie a todos los ciudadanos en el territorio español.
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