En Madrid, el 11 de enero, las portavoces del PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, se unieron a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en una emocionante concentración, donde expresaron su apoyo ferviente a las justas demandas de estas profesionales. La visibilidad de esta protesta se intensifica en un contexto donde la labor de estas mujeres es esencial para la atención y el cuidado de los mayores en la sociedad.

Maroto subrayó la urgencia de su causa, afirmando que “un día más salimos a las calles para reclamar a la Comunidad y al Ayuntamiento que no prorroguen los contratos e incorporen las mejoras salariales que los sindicatos y la patronal han acordado para estos trabajadores y trabajadoras”. La edil socialista destacó que el trabajo realizado por estas mujeres no solo es importante, sino fundamental en el cuidado de aquellos que han dado tanto a la sociedad.

“No vamos a tolerar las falsedades del señor Almeida y del concejal de Asuntos Sociales, José Fernández, quienes insisten en que el Estado no está apoyando a las personas dependientes”, continuó Maroto, exigiendo la inmediata elaboración de nuevos pliegos. Resaltó que estos pliegos deben ser una prioridad para que se garantice una atención digna y de calidad para los mayores y los profesionales que les cuidan.

"Comenzamos este año desmantelando las falacias de Almeida y Fernández, reclamando dignidad y servicios públicos de calidad", concluyó Maroto, demandando que se garantice el trato digno que merecen tanto los mayores como las trabajadoras del sector.

Por su parte, Rita Maestre hizo un llamado directo al Partido Popular, a Almeida y a Ayuso, instándoles a que escuchen a las 12.500 trabajadoras que sólo exigen “lo que se han ganado, acorde a lo que han negociado con la patronal”. Maestre enfatizó que el tiempo de inacción se ha agotado y que es imperativo que se reconozca el valor de estas profesionales.

“Lo único que requieren es que el Partido Popular tome la decisión política de encontrar los fondos necesarios para que estas trabajadoras puedan tener un salario justo, que actualmente apenas supera los 1.080 euros mensuales”, manifestó, recordando que estas mujeres fueron esenciales durante la pandemia y que su importancia no ha disminuido en la actualidad.

Maestre insistió en la necesidad de “pliegos ya, y antes de junio” para que pueda aplicarse este año la subida salarial que tanto han esperado estas trabajadoras, una demanda que lleva demasiado tiempo en espera. Su llamado resuena con la urente necesidad de poner fin a la precariedad que enfrentan.

Este nuevo episodio de concentración en la Puerta del Sol es parte de una serie de protestas que han culminado en una huelga indefinida iniciada el miércoles, donde las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), compuestas en su mayoría por mujeres, han alzado su voz en exigencia de mejores condiciones laborales.

Aunque ya se había realizado una concentración similar hace menos de un mes, la situación se ha vuelto crítica; las jornadas parciales de huelga durante las fiestas no lograron propiciar avances significativos en la actualización de los pliegos que regulan sus condiciones laborales.

José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, ha prometido que estos nuevos pliegos estarán listos “en breve”, justificando la necesidad de un tiempo mayor por la búsqueda de financiación. Sin embargo, esta justificación ha sido mal recibida por los sindicatos, quienes consideran que el tiempo es excesivo dado el estado actual de la situación.

Los sindicatos han reiterado en múltiples ocasiones que la actualización de los pliegos es esencial para que las trabajadoras puedan acceder a las mejoras acordadas, incluyendo un aumento salarial significativo y la reducción de horas de trabajo.

El salario de los trabajadores del SAD actualmente ronda los 1.134 euros, y aunque se prevé un aumento, la falta de actualización de los pliegos complica cualquier cambio positivo en sus condiciones laborales.

A pesar de las afirmaciones de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien ha culpado al Gobierno central por los problemas de financiación del SAD, representantes de la UGT destacan que desde 2012 el porcentaje de financiamiento estatal ha aumentado, invalidando la justificación del Gobierno regional.

El conflicto no se centra en una falta de recursos, sino en la aparente falta de voluntad política para abordar un problema que afecta a miles de trabajadoras y sus familias. Con pliegos que se aprobaron en 2020 y que tienen una duración de tres años, se hace urgente acelerar el proceso de revisión para poder aplicar un nuevo convenio que cubra las necesidades de los trabajadores de aquí a 2028.

Finalmente, los usuarios del servicio también ven agravada su situación. La lista de espera para acceder al SAD ha alcanzado casi 16.000 personas, una cifra alarmante que resalta la necesidad inminente de transformar el sistema y asegurar atención adecuada a quienes más lo necesitan.