La Comunidad de Madrid prevé un ahorro fiscal de 150 millones gracias a las nuevas medidas en vivienda

MADRID, 14 de noviembre.

Este jueves, la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a una serie de reformas que incluyen incentivos fiscales dirigidos a inversores extranjeros y deducciones para aquellos que decidan mudarse a municipios en proceso de despoblación. Estas iniciativas fueron aprobadas con el apoyo del Partido Popular (PP) y Vox.

La primera medida, popularmente conocida como la 'Ley Mbappé', establece un mecanismo para que las personas que trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid después de vivir al menos cinco años en el extranjero puedan deducir un 20% de la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, los beneficiarios deberán permanecer en la comunidad y mantener su inversión durante al menos seis años.

Esta bonificación, que no se aplica a las inversiones inmobiliarias ni a aquellas facilitadas a través de paraísos fiscales, tampoco beneficiará a personas que ocupen altos cargos en las empresas vinculadas a sus inversiones. Esta normativa, que se ha arrastrado desde la legislatura anterior, fue bloqueada en múltiples ocasiones debido a la falta de respaldo suficiente cuando el PP gobernaba en minoría y dependía del apoyo de Vox.

Durante el debate, la diputada de Vox, Ana Cuartero, cuestionó al PP sobre la pertinencia de promover deducciones fiscales para extranjeros en el contexto actual de crisis en localidades como Paiporta, argumentando que primar a los forasteros en detrimento de la atención a los ciudadanos locales era un desatino. Sus palabras fueron dirigidas a Rocío Albert, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad.

Desde el lado opositor, el socialista Fernando Fernández estigmatizó la medida como "el mayor despropósito fiscal en la historia de Madrid", afirmando que favorece a multimillonarios extranjeros y no ofrece las mismas exenciones a los ciudadanos españoles. Considera que la ley merece ser completamente revisada y devuelta al Gobierno, calificando su impulso como un "insulto fiscal a la inteligencia de los madrileños".

Fernández también argumentó que esta normativa infringe los principios de igualdad y capacidad económica consagrados en la Constitución, sugiriendo que el gobierno regional ha superado sus competencias y que la regulación establece bonificaciones de forma ilícita.

A su vez, el diputado de Más Madrid, Eduardo Gutiérrez, advirtió que estas políticas podrían convertir a la región en un refugio para defraudadores fiscales y personajes acaudalados sin conciencia social, al tiempo que cuestionaba si estas inversiones realmente se quedarían en Madrid.

Por otro lado, el 'popular' Álvaro Ballarín destacó que estas reformas están orientadas a los residentes y contribuirán a elevar la recaudación fiscal de la región. Aseguró que la ley atraerá nuevos contribuyentes y fortalecerá la economía regional, mejorando el PIB y el ingreso per cápita.

En complemento a estas medidas, se aprobó una modificación legislativa que incluye deducciones fiscales en el ámbito de la vivienda, enfocándose en incentivar la llegada a municipios con riesgo de despoblación.

Las nuevas disposiciones permitirán que los menores de 35 años se deduzcan hasta 1.000 euros por la compra o el alquiler de una vivienda en localidades con menos de 2.500 habitantes, junto a un 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, aplicable durante diez años. Además, se contempla una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para nuevas adquisiciones.

Asimismo, se ha aprobado una deducción de 1.000 euros para arrendamientos de viviendas vacías, para pequeños propietarios que firmen contratos de al menos tres años. Otras medidas buscan mitigar el efecto del aumento en las cuotas de préstamos variables a consecuencia del euríbor, con un límite de 300 euros, siempre que la vivienda habitual no supere los 390.000 euros y la renta familiar per cápita sea inferior a 30.930 euros. La normativa también amplía la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, elevando la edad máxima de 35 a 40 años.

Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ya se han aprobado 21 bajadas fiscales, y con las nuevas medidas de hoy, el gobierno estima que el ahorro fiscal total para los madrileños supera los 31.300 millones de euros.

En relación con las deducciones aprobadas este jueves, el Ejecutivo regional calcula que estas medidas podrían representar un ahorro fiscal de más de 150 millones de euros.