Titulcia se planta: vecinos y ecologistas salen a la calle contra la incineradora
Vecinos de Titulcia y ecologistas protestan contra una incineradora que afectaría a 8 municipios de Las Vegas: aire, agua y cultivos en riesgo.
Este sábado al mediodía, la plaza Mayor de Titulcia se llena de vecinos dispuestos a decir basta. El motivo: una incineradora de residuos que, según denuncian, podría afectar al aire, el agua y la tierra de toda la comarca de Las Vegas.
La concentración la convocan la Plataforma No a la Incineradora de Titulcia, la Plataforma Ecologista Madrileña y CC.OO. Piden que el proyecto se paralice y que se investigue cómo se ha tramitado hasta ahora.
¿Qué ha encendido las alarmas? Un anuncio publicado el 9 de octubre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, relacionado con una planta de tratamiento de residuos que podría incluir incineración. A partir de ahí, muchos vecinos empezaron a mirar el proyecto con lupa.
Y el problema no se queda en Titulcia. Los organizadores señalan a Ciempozuelos, Morata de Tajuña, Villaconejos, Chinchón, San Martín de la Vega, Aranjuez y Valdemoro como localidades que también podrían notar los efectos. Si el viento o el agua llevan las emisiones, la cosa no entiende de límites municipales.
¿Y qué significa esto para ti? Si vives o trabajas en la comarca, tu día a día podría cambiar. Hablamos de la calidad del aire que respiran tus hijos, del agua del grifo, de las huertas y de las granjas que dan de comer a muchas familias. Para los agricultores y ganaderos, cualquier contaminación del suelo o de los cultivos puede significar pérdidas económicas serias.
Hay además un punto incómodo: el Ayuntamiento de Titulcia cedió sus competencias urbanísticas a la Comunidad de Madrid por falta de medios técnicos propios. Según los convocantes, el consistorio considera que el proyecto llegó con una información incompleta. Los vecinos reclaman saber qué se entregó a cada administración y qué estudios de emisiones existen de verdad.
¿Qué puede pasar ahora? La protesta del sábado busca presionar para que se aclare la tramitación y se revisen los estudios ambientales. Los afectados pueden seguir de cerca el expediente en el BOCM, pedir información a sus ayuntamientos, presentar alegaciones durante los plazos que se abran y acudir a la concentración para que su voz cuente. Cuanto más se conozca el proyecto, más difícil será tomar decisiones a espaldas de quienes lo sufrirían.