En Madrid, un importante movimiento social está tomando forma en el ámbito universitario, con profesores y estudiantes organizando protestas durante abril que culminarán en una huelga programada para el 28 de este mes.

La batalla por la financiación de las seis universidades públicas de la Comunidad, que incluyen instituciones como la Complutense y la Politécnica, ha cobrado fuerza en los últimos meses. Este conflicto se ha intensificado desde las negociaciones sobre el presupuesto del año 2025, que vio un incremento de 47 millones de euros tras las reiteradas quejas de los rectores. Actualmente, ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo en torno a una nueva ley de universidades regional, conocida como la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), cuyo contenido aún se encuentra en fase de borrador.

Las universidades han denunciado un estado crítico de “insostenibilidad económica” y “infrafinanciación”, haciendo un llamado a que la nueva legislación contemple un “modelo de financiación plurianual”. Este modelo, según el borrador de la Consejería de Educación, incluye tres componentes: uno básico, otro para necesidades específicas, y un tercero orientado a objetivos. Un hecho particularmente preocupante es la previsión de que las universidades deben obtener al menos el 30% de sus ingresos de fuentes distintas a las transferencias del gobierno madrileño.

En medio de este panorama, el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha defendido la inversión del gobierno en las universidades, argumentando que están trabajando en un modelo revisable cada cinco años. Viciana también destacó en una reciente declaración que Madrid se encuentra entre las regiones que mejor financian sus universidades, un argumento que no ha convencido a quienes piden mayores recursos.

A pesar de las promesas, los rectores han expresado su preocupación. En una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, alertaron sobre la crítica situación a la que se enfrentan las universidades públicas por la falta de financiación durante los últimos 15 años. Advirtieron que, si no se toman medidas, la crisis podría convertirse en un desastre en un futuro cercano.

Tras esa carta, Ayuso accedió a un aumento en el presupuesto, pero los rectores insistieron en que esta mejora, aunque bien recibida, sigue siendo insuficiente, manteniendo su solicitud de un incremento de 200 millones de euros adicionales. La Universidad Complutense, por su parte, ha anunciado recortes significativos en sus gastos, evidenciando la lucha interna por mantener la calidad que se espera de una institución educativa.

Con el dinero que antes se obtenía de sentencias judiciales comenzando a escasear, la comunidad educativa teme por el futuro de la calidad docente. A medida que la situación financiera se vuelve más tensa, se han organizado diversas manifestaciones bajo el lema “Por la pública” que condenan tanto la “asfixia económica” como el borrador de la LESUC, resultando en un dinámico mes de protestas que culminará en la huelga del 28 de abril.

Durante las iniciativas de protesta, algunos estudiantes y docentes de la Complutense llevaron a cabo un encierro simbólico, que incluyó diversas actividades de sensibilización. También se realizaron manifestaciones frente al rectorado, donde expresaron su preocupación por la falta de recursos esenciales para mantener estándares de calidad en docencia e investigación.

Las denuncias de una dependencia excesiva del capital privado y un aumento en las tasas de matriculación, así como la creciente privatización de la educación superior, han añadido más peso a la agenda de protesta. Por ahora, los rectores y el consejero continúan en la búsqueda de un acuerdo que pueda responder a las demandas de forma efectiva y evitar una escalada de tensiones en el sector educativo.