El pasado 23 de julio, la Comunidad de Madrid dio un paso audaz al aprobar un decreto que, a partir del año escolar 2025/26, suprimirá el uso individual de tecnologías digitales en las aulas de Educación Infantil y Primaria en los centros educativos financiados con fondos públicos. Esta iniciativa busca abordar las preocupaciones sobre los efectos nocivos del consumo excesivo e inapropiado de dispositivos tecnológicos entre los más jóvenes.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, informó en una rueda de prensa que esta medida beneficiará a más de 550.000 estudiantes en la región, estableciendo un marco normativo pionero que equilibra la enseñanza de competencias digitales con la necesidad de proteger la salud y bienestar de los niños.

El decreto establece que los alumnos de las etapas de Infantil y Primaria no podrán utilizar dispositivos digitales de manera individual, y tampoco se permitirá a los docentes asignar tareas o deberes que requieran de su uso fuera del horario escolar. De esta forma, se busca reducir la exposición a la tecnología en estas etapas críticas de desarrollo.

No obstante, el uso compartido de dispositivos entre dos o más estudiantes será permitido siempre y cuando esté orientado a fines pedagógicos y bajo la supervisión de los docentes. Las limitaciones varían según la edad: en el segundo ciclo de Infantil y en los dos primeros cursos de Primaria, el tiempo otorgado será de una hora a la semana; mientras que en 3º y 4º de Primaria, se podrán usar conjuntos hasta una hora y media, y en los dos últimos cursos, un máximo de dos horas semanales. Los niños menores de tres años no tendrán acceso a estos dispositivos.

En el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la regulación del uso individual o compartido de dispositivos tecnológicos quedará a criterio de cada centro, adaptándose a las necesidades específicas de sus programas y del desarrollo de sus alumnos.

El decreto también prevé algunas excepciones para aquellos estudiantes que, debido a necesidades específicas, requieran el uso de dispositivos. Estos casos, siempre respaldados por un informe psicopedagógico, no estarán sujetos a las restricciones generales. Igualmente, se autoriza su uso en materias optativas donde los dispositivos sean cruciales para el aprendizaje de competencias concretas.

Este marco normativo ha sido enriquecido con aportes del Consejo Escolar y de un periodo de consulta pública que generó 400 opiniones y sugerencias. Además, la Inspección Educativa tendrá la responsabilidad no solo de supervisar el cumplimiento de la normativa, sino también de asesorar a las instituciones para asegurar un uso responsable y seguro de las tecnologías en las aulas.

Los centros privados no concertados también tendrán la opción de implementar medidas en sus programas educativos que promuevan un uso adecuado de dispositivos digitales, mientras que las instituciones financiadas con fondos públicos dispondrán de un año académico para adaptarse a los requerimientos planteados en este decreto.

Finalmente, se ha determinado que los colegios que ya poseen un modelo educativo que incluye el uso de un dispositivo por alumno tendrán hasta el curso 2026/27 para ajustar su enfoque. A partir de entonces, no podrán incorporar nuevos grupos que utilicen dispositivos individualmente y deberán reducir paulatinamente el tiempo de uso, así como los deberes que impliquen el uso de pantallas.