La Asamblea de Madrid aprueba ley para promover vivienda protegida

Madrid, 20 de junio.

Este jueves, la Asamblea de Madrid aprobó una nueva ley de medidas urbanísticas para fomentar la vivienda protegida, con el objetivo de transformar oficinas en pisos de alquiler a precios asequibles. La iniciativa fue respaldada por el Partido Popular y Vox, y se espera que genere unos 20.000 nuevos pisos en la región.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsó esta ley, que se tramitó rápidamente mediante lectura única, con la intención de ampliar el parque de viviendas de la región para facilitar el acceso a los ciudadanos. Se estima que la normativa liberará alrededor de 1,8 millones de metros cuadrados de espacios comerciales para convertirlos en viviendas en varios municipios de Madrid.

La normativa permite cambiar el uso de suelo calificado como terciario a residencial, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, con la autorización de los ayuntamientos a través de licencias. El plazo para solicitar la licencia es de dos años y se establece un máximo de tres años para completar la obra, que podrá realizarse en parcelas vacías o edificios existentes.

Además, se exime de los planes especiales la construcción de viviendas protegidas en parcelas supramunicipales como equipamientos, reduciendo los plazos de construcción en 8 a 12 meses. Se establece un estándar de una plaza de aparcamiento por vivienda y se permite a los municipios decidir sobre su aplicación y condiciones adicionales.

En el debate parlamentario, el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad, Carlos Novillo, destacó la importancia de facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles y simplificar los trámites burocráticos, sin comprometer la seguridad jurídica. Desde el Ejecutivo regional se enfatiza en la necesidad de impulsar la actividad económica en la promoción de vivienda protegida.

Vox dio su respaldo a la ley pero instó al Gobierno a ampliar sus medidas en materia de vivienda, mientras que el PSOE la calificó como una "chapuza" que no aborda la verdadera emergencia habitacional en la región. Por su parte, Más Madrid criticó la normativa como un "pelotazo en diferido" que beneficia a las constructoras en lugar de priorizar el acceso a la vivienda protegida.