En un reciente desarrollo judicial, la jueza Inmaculada Iglesias ha decidido continuar con el proceso en contra de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador enfrenta acusaciones serias por delitos fiscales y falsedad documental relacionados con un supuesto fraude que se habría llevado a cabo durante los años 2020 y 2021.

La magistrada ha desestimado el recurso presentado por González Amador, manteniendo así la decisión que le otorga carácter de imputado en esta causa. Un auto accesible a Europa Press confirma que se está avanzando hacia la apertura del juicio oral, sujeto a la solicitud de las partes implicadas en el procedimiento judicial.

La jueza subraya que, lejos de haber existido indefensión, su rechazo a las diligencias solicitadas se debe a que estas han sido consideradas innecesarias en esta etapa, dado que ya hay indicios suficientes que apuntan a la participación de los investigados en los delitos imputados.

El auto correspondiente a este caso se basa en varios informes de inspectoras de Hacienda que han sido validados en sede judicial, junto con alrededor de 1,500 documentos administrativos recopilados que sustentan la acusación.

Entre las solicitudes de la defensa, se encontró la petición de una prueba pericial, pero la jueza ha señalado que durante el año y tres meses de instrucción no se había presentado tal prueba de manera oportuna. En su argumentación, destacó que la admisión de pruebas adicionales en esta fase solo habría resultado en un retraso injustificado del proceso judicial.

La investigación se originó a partir de una denuncia del Ministerio Fiscal, centrada en indicios de delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades durante el periodo mencionado. El pasado 24 de febrero, González Amador decidió no declarar ante la jueza, amparándose en su derecho a no hacerlo hasta que se resolviera un recurso relacionado con la apertura de otra pieza del caso.

Poco después, la Audiencia Provincial de Madrid autorizó la investigación de otros posibles delitos que no estaban incluidos en la causa principal. Durante su declaración, González Amador afirmó que había reportado ingresos de Quirón Prevención y negó cualquier intento de ocultar ingresos a través de una supuesta sociedad instrumental destinada a evadir impuestos.

La denuncia del fiscal se apoya en un informe de la Agencia Tributaria que señala la existencia de gastos ficticios fundamentados en facturas emitidas por diferentes entidades, las cuales no corresponden a servicios realmente proporcionados. Esto se habría hecho con el propósito de reducir la cantidad a tributar por el Impuesto de Sociedades para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

En 2022, la Fiscalía recibió otro informe relacionado con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería, sugiriendo indicios de delitos fiscales que podrían estar involucrados en los mismos ejercicios. Se habla de un fraude tributario que podría superar los 120,000 euros y de un posible delito de falsedad documental, debido a la presentación de facturas que no reflejan servicios efectivamente prestados y que fueron utilizadas para disminuir la carga tributaria.